Resumen: La sentencia de instancia que estima en parte la demanda de los trabajadores, declara la responsabilidad del cese de los trabajadores a la empresa en la que estos venían prestando sus servicios, absolviendo a la empresa adjudicataria de la contrata. Se interpone recurso de Suplicación por los trabajadores que se estima, solicitaban estos, que existiendo obligación de subrogase por la empresa adjudicataria de la contrata y no habiéndose subrogado en ellos esta es la responsable de su despido. La Sala desestima los motivos sobre revisión de hechos probados , en cuanto a los motivos de denuncia jurídica, se estima por la Sala señalando que concurre una obligación convencional de subrogarse en los trabajadores y aún , como es el caso , de haberse reducido la cuantía de la contrata, la nueva empresa adjudicataria debería haberse subrogado en los trabajadores y plantear un despido objetivo por causas productivas. Por lo tanto la Sala, estima el recurso y revoca la sentencia de instancia condenando del despido improcedente a la nueva empresa adjudicataria.
Resumen: La sentencia comentada desestima el recurso de casación unificadora interpuesto por la demandada frente a la sentencia de suplicación que confirmó la de instancia que declaró el derecho de la actora al reingreso en la plaza de auxiliar administrativo tras una excedencia voluntaria. La Sala IV desestima el recurso por incumplimiento del requisito formal de fundamentar la infracción legal denunciada. Se argumenta que la recurrente se limita a citar las normas infringidas pero sin desarrollar la argumentación jurídica en la que funda el motivo de recurso. Se indica que en el supuesto enjuiciado es especialmente relevante el análisis de la normativa legal y convencional que resulta de aplicación en las sentencias comparadas, pues en ellas de aplicación convenios colectivos diferentes. El incumplimiento de tal exigencia conduce a la desestimación del recurso pues la Sala no puede construir de oficio la argumentación jurídica del recurso.
Resumen: La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declara la falta de competencia de la jurisdicción social para conocer de la demanda interpuesta que tiene por objeto impugnar una Instrucción sobre la gratificación a percibir por personal funcionario y laboral de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, durante la campaña de Navidad del año 2023, por resultar contraria a la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación. La Sala funda su declaración de incompetencia en que la instrucción que se impugna afecta tanto a personal laboral como funcionario.
Resumen: El actor que era bombero laboral mecánico-conductor de la Diputación provincial de Cuenca obtuvo plaza de funcionario como bombero especialista funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, siendo nombrado funcionario en prácticas, solicitó en la Diputación permiso retribuido y se le reconoció excedencia por incompatibilidad con denegación del permiso. El JS reconoce el derecho al permiso retribuido con percibo del total de retribuciones. El TSJ revocó la sentencia, estimó el recurso de la Diputación y confirmó la concesión de excedencia por no reconocerse el permiso retribuido en el convenio aplicable, y la Ley de empleo público de castilla La Mancha no reconoce la opción para Administraciones de otra Comunidad Autónoma, como es el caso (Ayto de Madrid). La Sala IV no aprecia contradicción porque en la sentencia recurrida se recoge el reconocimiento de excedencia por incompatibilidad que no recoge la referencial para los bomberos que también obtienen plaza en el Ayuntamiento de Madrid y aunque coincida la petición en ambos casos de permiso retribuido para los funcionarios en prácticas, en la de contraste se concedió un permiso no retribuido, no coincidiendo las pretensiones de las demandas porque la recurrida se pretende el permiso y en la referencial el permiso se concede y lo que se suscita es que sea retribuido. Además tampoco concurre la contradicción porque ambas sentencias descartan la aplicación del percepto de la Ley de empleo que se somete a consideración de la Sala.
Resumen: RCUD. STS aborda una pretensión sobre igualdad retributiva en un contexto de subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados respecto a una convocatoria del SPEE que permitió a la Delegación del Gobierno de Ceuta contratar, temporalmente, trabajadores para servicios de interés general. Etrabajador alega que no se le aplicó el convenio colectivo que correspondía, percibiendo salarios inferiores a los estipulados. La sentencia de instancia declara que se ha vulnerado el principio de igualdad de trato y no discriminación y condena a la entidad gubernamental a pagar compensaciones por daños morales y lucro cesante. El TSJ revoca parcialmente en suplicación; reduce la indemnización y elimina la compensación por lucro cesante, argumentando que las diferencias salariales debían reclamarse como una cuestión salarial y no como indemnización por discriminación. El TS determina adecuado restablecer la indemnización por lucro cesante dada la vulneración del derecho a la igualdad retributiva. Procedencia de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la discriminación retributiva sufrida que se cuantifica en la diferencia salarial dejada de percibir. Aplica doctrina de la STS 524/2024, de 3 de abril (rcud 5599/2022), reiterada en posteriores sentencias.
Resumen: La sentencia confirma el fallo recurrido dictado en procedimiento seguido por conflicto colectivo y en el que, con parcial estimación de la demanda, se condenó al CSIC «a reconocer con carácter retroactivo, el derecho de los investigadores distinguidos y doctores temporales fuera de convenio al reconocimiento y cobro del concepto de antigüedad en igualdad de condiciones que los investigadores distinguidos y doctores fijos fuera de convenio de la institución.» Ante el TS, el CSIC alegó la inadecuación de procedimiento, a lo que se da una respuesta negativa porque concurren los presupuestos del conflicto colectivo: afectación a los intereses de un grupo genérico de trabajadores -personal laboral fuera de convenio-, y la aplicación e interpretación de una norma -art. 14 CE y la Directiva 1999/70/CE-. Suerte adversa corrió la alegada incongruencia extra petita. Y en cuanto al fondo del asunto, señala que son claros los términos que se compran y el término de comparación que se utiliza, porque la diferencia de trato está basada única y exclusivamente en la temporalidad o fijeza de la contratación, lo que no es compatible con el art. 14 CE. Respecto al recurso de CC.OO rechaza la existencia de una incongruencia omisiva, la revisión del relato histórico, y confirma que es claro que, en relación con la antigüedad y respecto del colectivo identificado, la sentencia no acepte que el personal temporal fuera de convenio no perciba lo mismo que el personal fijo fuera de convenio.
Resumen: Declarada en la instancia la existencia de cesión ilegal del actor y su condición de trabajador indefinido de actividad discontinua a tiempo parcial del Gobierno de Canarias, con abono de las diferencias salariales correspondientes, recurre en suplicación la Administración autonómica en suplicación. La Sala de lo Social siguiendo su criterio previo plasmado en una sentencia de 29-06-2018 (rec. 1071/2017) desestima el recurso al concurrir los indicios de cesión ilegal fijados por la jurisprudencia, en la contrata administrativa de atención a alumnos con especiales dificultades, actividad que puede realizar la administración en sus centros educativos, servicios que se realizaban recibiendo instrucciones directas de las coordinadoras de los centros educativos
Resumen: El empleador Servicio Canario de Empleo recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que, estima la demanda y condena a dicha entidad al abono de cantidades derivadas de la realización de funciones de una categoría superior a la formalmente ostentada de titulado medio, en concreto la de titulado superior. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión fáctica interesada por venir amparada en medios de prueba que carecen de virtualidad y eficacia a efectos revisorios; y, en segundo lugar, desestima el recurso ya que la alegación de que la persona trabajadora tiene la obligación de oponerse a realizar funciones de superior categoría carece de fundamento y la interpretación del art. 16 del convenio del personal laboral de la CA de Canarias se aparta frontalmente de la jurisprudencia, únicamente se ha incumplido un requisito impuesto convencionalmente; en todo caso, ha quedado acreditado que la actora ha desarrollado funciones de titulado superior (no de titulado medio), titulación que además ostenta, ya que que tienen una mucha mayor complejidad técnica y de mayor iniciativa y requieren poner en práctica la titulación que se posee al presentan mayor dificultad y contenido especializado.
Resumen: La Oferta de Empleo dirigida por el Ayuntamiento al SAE no exigía ningún tipo de formación, cualificación o experiencia que tampoco consta probado tuviera el demandante, no habiendo justificado el trabajador (lo que le correspondía por las reglas del "onus probandi"al ser discutida la categoría profesional, propia del Grupo D o Grupo E, según convenio) más allá de reconocérsele la condición de carpintero de aluminio metálico y PVC, que desarrolló durante el período litigioso, los cometidos propios de la categoría que se autoproclama, sin ser admisible efectuar la equiparación pretendida por el recurrente puesto que una cuestión es la cotización con evidente finalidad recaudatoria, que puede ser correcta o no y acorde o no a la categoría profesional del productor y otra distinta la retribución a percibir por el trabajo por cuenta ajena desarrollado a tenor del listado de funciones inherentes a la categoría profesional perfilada en el propio convenio colectivo. Las categorías profesionales no son lo mismo que los grupos de cotización pues las primeras que fijan los convenios colectivos normalmente, como es el caso, conceptualizan el puesto de trabajo, la titulación necesaria para el personal e, incluso, el rango salarial; en cambio, en los grupos de cotización, los trabajadores son clasificados de acuerdo a sus funciones por la Seguridad Social y no por los firmantes del convenio, no influyendo en el salario del trabajador sino fijando los límites de cotización.
Resumen: Frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que, estima la demanda y declara el derecho del actor a que se le reconozca la antigüedad desde la fecha en la que comenzó a prestar servicios para la administración, con derecho a trienios, recurre la entidad pública ENAIRE en suplicación. La Sala de lo Social estima el recurso ya que, conforme a la Ley 70/1978, es un requisito indispensable para proceder al reconocimiento de servicios previos ser funcionario de carrera y aunque el actor acredita su contratación laboral, no ostenta la condición de funcionario de carrera, ni le corresponde la misma por razón de su vínculo con la referida entidad; además, también es indispensable para el reconocimiento de los servicios previos a funcionarios que pasan a prestar servicios para ENAIRE que su anterior ocupación lo fueran en el mismo sector al que se incorpora la entidad pública, lo que no cumple al encontrarse anteriormente en el Ministerio de Defensa y no en el de Fomento.
